​El número de conflictos alrededor de la minería ha ido elevándose en los últimos años a nivel mundial. Las razones pueden ser muy diversas, pero desde el punto de vista conceptual existen dos poderosas para su surgimiento.

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

La primera de ellas está asociada a lo que los economistas llamamos información asimétrica. Ello implica que una de las partes percibe que tiene menos información que la otra y eso lleva a generar desconfianza. Así, el diálogo no se convierta en un camino a seguir, y se busca presionar a la otra parte para buscar revelar esa información que creemos, verdad o no, nos es esquiva.

Esto desencadena en huelgas, bloqueos de minas porque existe incertidumbre acerca de los efectos que puede tener la actividad minera sobre la calidad y el modo de vida de las personas que viven en las zonas de influencias de proyectos mineros.

De alguna forma existe un sesgo hacia el statu quo en donde se puede percibir que la actividad minera va a generar beneficios, pero costos para algunos. Eso es parte del análisis costo-beneficio que se hace en cualquier proyecto de inversión o en las políticas públicas.

Como no se tiene certeza de cómo se van a afrontar esos costos y cómo van a impactar en la vida de las personas surge una oposición que va escalando y nos lleva a un conflicto. Esta dinámica se ve contaminada con agentes que buscan sacar réditos políticos o personales de la conflictividad. En suma, tenemos un cóctel perfecto para el surgimiento de enfrentamientos.

APROPIACIÓN DE BENEFICIOS

La segunda razón por la que aparecen los conflictos es la búsqueda de la apropiación de los beneficios de una actividad que genera rentas económicas. Todo se vuelve una competencia acerca de qué parte de la torta me va a tocar. Asilas comunidades hacen mayores exigencias a las empresas y estas van en aumento en el tiempo.

De la misma manera, dadas las limitaciones de nuestras autoridades locales, las personas que viven en las zonas de influencia ven que las municipalidades, gobiernos regionales y universidades cuentan con muchos más recursos. Sin embargo, no sienten que esos recursos los beneficien por la ineficiencia de la gestión estatal local y, hay que decirlo, prácticas corruptas en varias ocasiones.

OTROS INCENTIVOS

A esta segunda razón se suma un incentivo político que es que llegar a la alcaldía o un puesto electo se ve como el acceso un botín. Ello lleva a que tengamos una alta inestabilidad política a nivel local donde los escándalos y las revocatorias están a la orden del día. Ello distrae los esfuerzos del Estado que, en vez de atender las necesidades de la población, tiene que destinar recursos a las investigaciones y sanciones que sean necesarias.

También debemos mencionar que existe de parte de la población y los políticos locales una proclividad al clientelismo político.

Se podría resumir que la primera razón se aplica a los proyectos mineros que están en I as primeras etapas y la segunda razón a los que ya están en operación. Como vemos, el problema es complejo y si queremos sacar adelántela cartera de proyectos mineros debemos aprender del pasado y mejorar.

CANON MINERO

Otro de los puntos importantes tiene que ver con el canon. Hemos estimado que la probabilidad de un conflicto y la duración del mismo es mayor cuando una localidad recibe mayor cantidad de canon.

Esto no nos debe llevara la conclusión simplista de que debemos eliminar el canon sino a pensaren formas efectivas de que los recursos lleguen a la población. Así, trabajar desarrollando capacidades e involucrara la población para que las decisiones de los gobiernos locales coincidan con las necesidades de la población.

Este debe ser u n esfuerzo Tanto del sector público nacional como de las empresas. No se puede eludir dicho reto. Se han hecho intentos hasta el momento, pero parecen no haber sido efectivos. Tenemos que ser innovadores en dichas áreas.

MONITOREODE ACUERDOS

Otro tema adicional es el monitoreo de los acuerdos. Revisando varios conflictos que se resolvieron a partir de acuerdos firmados por las comunidades, las empresas y el Estado vemos que no existe un sistema de monitoreo de los mismos. Ello ocasiona que cuando más adelante surja un problema, accidente o alguien sedé cuenta que no se han cumplido los compromisos los conflictos pueden escalar y ser más serios y tener costos elevadísimos. En este aspecto, el Estado debe ser proactivo y no reactivo.

"Debemos anticipamos a los conflictos formando unidades de inteligencia social' que cuenten con información confiable acerca de las necesidades de la población y que la inversión pública responda a ellas".

"Desarrollar capacidades para el correcto uso de los recursos generados, así como un sistema de monitoreo de los acuerdos firmados deben ser prioridades si queremos generar valor y compartirlo de manera adecuada en la sociedad".